La administración de la presidenta Laura Fernández recibió una calificación promedio de 6,98 sobre 10 por parte de la ciudadanía costarricense, según los resultados del informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, elaborado por el Instituto de Estudios en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
La valoración supera el 6,70 obtenido por el expresidente Rodrigo Chaves en marzo, cuando finalizó su gestión. Sin embargo, la calificación registrada al inicio del actual gobierno es menor que la que obtuvo Chaves en septiembre de 2022, cuando alcanzó un 7,65.
El estudio señala que la medición realizada en agosto de 2026 constituye el primer registro disponible sobre la administración de Fernández. No obstante, considera relevante establecer una comparación con el gobierno anterior debido a que durante la campaña electoral se planteó una continuidad del proyecto político impulsado por Chaves. Esa línea también habría quedado reflejada en la integración del nuevo gabinete.
Dentro de las figuras evaluadas, Fernández obtuvo la calificación más alta, con 6,98. En segundo lugar aparece el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, con 6,63. Le siguen Paula Bogantes, jerarca de Ciencia y Tecnología, con 6,55, y Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, con 6,54.
En el extremo inferior de la lista se encuentra Rodrigo Chaves, quien ocupa los cargos de ministro de Hacienda y ministro de la Presidencia, con una valoración de 6,23.
El informe también muestra diferencias en el nivel de conocimiento que tiene la población sobre la labor de algunos jerarcas. Aunque Paula Bogantes ocupa uno de los primeros lugares en valoración, un 30,7% de las personas consultadas afirmó no conocer su trabajo. En el caso del ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, el porcentaje de desconocimiento alcanza el 14,7%, mientras que un 13,9% manifestó no reconocer la gestión del ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez.
Evaluación de las áreas de gobierno
Al consultar sobre el desempeño del Gobierno en diferentes sectores, la protección de la naturaleza obtuvo la valoración más alta, con 6,43. Posteriormente aparecen la economía, con 6,32; la educación, con 6,23; y la infraestructura vial, con 6,18.
Las áreas que recibieron las calificaciones más bajas fueron salud, con 5,73; seguridad ciudadana, con 5,46; y combate a la pobreza, con 5,25.
Para el Idespo-UNA, la percepción general sobre el desempeño gubernamental puede calificarse como moderada. El estudio destaca que cinco de las nueve áreas analizadas superan la nota de 6, aunque ninguna llega a 6,5.
La seguridad ciudadana continúa apareciendo como la principal preocupación de la población. Cerca de cuatro de cada diez personas consultadas la identificaron como el problema que más afecta al país. Más atrás aparecen la institucionalidad y gobernabilidad, con 11,4%, el narcotráfico, con 11,2%, y el desempleo, con 10,8%.
La percepción sobre la seguridad también refleja preocupación. Un 52,6% de los encuestados la calificó como mala o muy mala, mientras que un 31% la consideró buena o muy buena. Otro 16,3% la valoró como regular.
Percepción sobre la economía
Aunque la economía no fue señalada como el principal problema del país, cuatro de cada diez personas, específicamente un 40,4%, consideran que la situación económica nacional es mala o muy mala. En contraste, un 35,5% la califica como buena o muy buena y un 24% la considera regular.
Cuando se compara la situación económica actual con la de hace un año, las opiniones están más divididas. Un 34,6% considera que la economía está mejor o mucho mejor, mientras que un 32,4% piensa que está peor o mucho peor. Por su parte, un 31,6% considera que permanece igual.
Opiniones sobre temas de actualidad
La encuesta también consultó a la población sobre diferentes asuntos que han formado parte de la discusión pública durante los últimos meses.
Uno de los temas que generó mayor división fue la posición de la presidenta frente al Poder Judicial. Un 50,4% de las personas consultadas manifestó estar de acuerdo con las críticas realizadas por Fernández.
El porcentaje baja a 47,2% cuando se pregunta por la manera en que la presidenta se refiere a otros poderes de la República e instituciones públicas. En el caso específico de las críticas dirigidas al Poder Legislativo, el apoyo llega al 46,8%.
En relación con distintos proyectos y asuntos de interés nacional, ninguno obtuvo un respaldo mayoritario. La propuesta de armonización eléctrica alcanzó un 49,5% de apoyo. Le siguieron la minería a cielo abierto en Crucitas, con 36,1%; la venta de activos estatales, con 32,1%; y la gestión de las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, con 23%.
El estudio también exploró la percepción ciudadana sobre el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Un 48,3% respaldó la decisión de la Sala Constitucional de mantener temporalmente en sus puestos a magistrados suplentes.
En cambio, el respaldo fue menor al consultar sobre la reducción del presupuesto del Poder Judicial impulsada por el Gobierno, con un 42,3%.
La querella presentada por el Gobierno contra cuatro magistrados constitucionales obtuvo el respaldo de un 41,5% de los encuestados. La valoración disminuyó todavía más, hasta un 36,4%, al preguntar por la manera en que el Poder Ejecutivo ha gestionado el conflicto con la Sala Constitucional.
Según el informe, estos resultados muestran que el respaldo ciudadano disminuye a medida que las diferencias entre instituciones pasan del discurso a acciones de mayor confrontación institucional. El estudio señala además que, aunque existe un respaldo importante a las críticas de la presidenta, este no es igual en todos los casos.
Manifestaciones y participación ciudadana
Otro de los temas incluidos en la investigación fue la percepción sobre las manifestaciones y movimientos sociales registrados durante los últimos meses.
Una amplia mayoría, equivalente al 86,5%, manifestó estar muy de acuerdo o algo de acuerdo con este tipo de acciones cuando tienen como objetivo defender derechos. Solo un 10,1% expresó algún nivel de desacuerdo.
Sin embargo, existe una percepción menos favorable sobre la capacidad de estas movilizaciones para influir en las decisiones gubernamentales. Un 48,7% considera que su influencia es poca, mientras que un 36,5% cree que es mucha.
De acuerdo con la clasificación utilizada por los investigadores, nueve de cada diez personas consideran aceptable la manifestación pública, aunque existen diferencias en cuanto al nivel de influencia que le atribuyen.
La encuesta también preguntó si las personas expresan públicamente sus opiniones sobre asuntos políticos. Un 50,4% señaló que no siempre lo hace, mientras que un 34,8% afirmó que sí expresa sus opiniones. Otro 13,8% indicó que lo hace algunas veces.
A esto se suma que un 53,1% considera que expresar públicamente sus posiciones políticas podría traerle consecuencias negativas.
Confianza en las instituciones
El estudio finalmente midió el nivel de confianza de la población en diferentes instituciones y organizaciones.
Las universidades públicas obtuvieron la valoración más alta, con 7,33, seguidas por las empresas privadas, con 7,16; el Tribunal Supremo de Elecciones, con 6,72; y la Caja Costarricense de Seguro Social, con 6,39.
En los últimos lugares se ubicaron las iglesias protestantes evangélicas, con 5,28; los sindicatos, con 4,98; y los partidos políticos, con 4,69.
La encuesta fue realizada entre el 12 y el 14 de agosto y posteriormente entre el 17 y el 22 de agosto de 2026. En total se completaron 746 entrevistas. El estudio establece un margen de error de 3,6 puntos porcentuales, hacia arriba o hacia abajo, y un nivel de confianza del 95%.
