Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte por el asesinato de un CEO

El acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare no se enfrentará a la pena de muerte después de la jueza que sigue el caso desestimara los cargos que le hacían susceptible de esta condena.

Una jueza federal en Nueva York ha dictaminado que Luigi Mangione no podrá enfrentarse a la pena de muerte por el presunto asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024. La decisión supone un revés para la Fiscalía de Estados Unidos, que había solicitado expresamente la aplicación de la pena capital.

La jueza desestimó el cargo federal de asesinato al considerar que no se cumplían los requisitos legales necesarios. En concreto, ese delito exige que el homicidio se haya cometido durante la comisión de otro “crimen de violencia”. Los fiscales sostenían que ese requisito se cumplía a través de dos cargos de acoso, alegando que Mangione había rastreado a Thompson en línea y que viajó entre estados con el objetivo de cometer el crimen.

El tribunal, sin embargo, concluyó que los delitos de acoso no pueden calificarse como “crímenes de violencia” según la legislación federal. Como resultado, fueron desestimados dos cargos de la acusación federal: el de asesinato y otro relacionado con el uso de un arma de fuego. El primero era el único que permitía contemplar la pena de muerte.

Mangione seguirá siendo procesado por dos cargos que, en caso de condena, conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La selección del jurado está prevista para el 8 de septiembre, mientras que los alegatos iniciales del juicio comenzarán el 13 de octubre.

En una resolución adicional, la jueza también autorizó la admisión como prueba de los objetos incautados en la mochila de Mangione en el momento de su detención. Entre ellos figuran una pistola, un cargador con munición y un cuaderno rojo, que la acusación considera elementos clave para vincular al acusado con el asesinato. La defensa había solicitado que estas pruebas fueran excluidas, argumentando que el registro de la mochila se realizó sin orden judicial y sin que existiera una amenaza inmediata que justificara una búsqueda sin autorización. El tribunal rechazó esa petición.

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