Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, en su interés por generar insumos para el desarrollo de políticas productivas, realizó un análisis de la situación del sector agropecuario en los últimos tres años y el panorama esperado para el próximo bienio.
Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el sector agropecuario registró un crecimiento promedio de apenas 1,01%, frente al 4,39% de la producción nacional (Gráfico 1). Este resultado es el reflejo de la pérdida de dinamismo de esta actividad clave para el empleo, las exportaciones y el desarrollo rural del país.
Además, tanto el agro orientado al mercado local (0,47%) como el exportador (1,20%) y el pecuario (2,39%) han crecido a un ritmo menor que el promedio de la economía y se han desacelerado más durante los últimos meses (Gráfico 2).
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la presión creciente sobre la rentabilidad de los productores agropecuarios. Según el Sondeo de Precios Promedio de Venta de Insumos Agropecuarios en Agroservicios, elaborado con información del Sistema de Información del Sector Agropecuario Costarricense (SISAC), los costos de producción agropecuaria acumularon un incremento de 5,34% durante los últimos 24 meses a agosto de 2026, impulsado principalmente por el encarecimiento de insumos estratégicos como los fertilizantes químicos (incremento del 16,73%).
Esta situación se ve agravada por un entorno de baja inflación e incluso de reducciones en los precios de varios alimentos y producto agropecuarios, limitando la capacidad de los productores para trasladar los mayores costos a los precios de venta, lo que necesariamente se traduce en menores márgenes de rentabilidad.
Las dificultades que enfrenta el sector también se reflejan en el mercado laboral y afectan a miles de hogares costarricenses. Entre enero de 2024 y agosto de 2026 se perdieron 13 444 empleos agropecuarios, mientras que el empleo nacional aumentó en 25 346 puestos en el mismo periodo.
Asimismo, el empleo agropecuario ha mostrado una evolución menos favorable que la observada para el conjunto de la economía (Gráfico 3). Esta situación resulta particularmente relevante para muchas comunidades rurales donde el agro continúa siendo una de las principales fuentes de empleo e ingresos. Por ejemplo, en Matina, 64 de cada 100 personas trabajan en el sector agropecuario.
Como señala Luis Vargas Montoya, economista del Colegio de Ciencias Económicas: “No podemos perder de vista que el agro sigue siendo la principal fuente de sustento de cientos de miles de hogares de muchas comunidades rurales. Mantenemos el reto de diseñar políticas productivas y de empleo dirigidas a este sector que, como sabemos, es clave para el empleo, la producción y la seguridad alimentaria del país”.
Las perspectivas para los próximos meses plantean mayores riesgos para el sector. Entre ellos destaca la posible afectación asociada a fenómenos climáticos como El Niño, cuyos efectos pueden traducirse en menores rendimientos, pérdidas de producción y mayores costos operativos.
A esto se suma la incertidumbre asociada a la evolución de los precios internacionales de productos agropecuarios y fertilizantes, variables sobre las cuales los productores nacionales tienen de poca a nula capacidad de respuesta. En este contexto, el BCCR proyecta una contracción del 0,7% en la actividad agropecuaria durante el 2027, reflejo de la creciente vulnerabilidad del sector.
El debilitamiento de la actividad agropecuaria no solo tiene implicaciones para los productores y las comunidades rurales, sino también para la seguridad alimentaria del país.
En un contexto de creciente volatilidad climática y de los precios internacionales, fortalecer la producción nacional resulta fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos e el país. La evolución reciente del sector evidencia la necesidad de impulsar políticas que fortalezcan su competitividad y resiliencia, con el fin de preservar una actividad estratégica para la economía y el bienestar.
El economista del Colegio agrega: “Hoy más que nunca, el agro costarricense enfrenta una combinación de riesgos productivos, climáticos y comerciales que exigen una mayor atención desde la política pública. Fortalecer la productividad, promover la innovación tecnológica, mejorar la gestión del riesgo climático y desarrollar mecanismos que reduzcan la vulnerabilidad ante la volatilidad externa será fundamental para evitar un mayor deterioro del sector en los próximos años y sus consecuencias sobre el bienestar de miles de personas”.
