Crisis entre Brasil y Nicaragua abre otro frente en una región dividida por Venezuela

Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina que ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo.

Por EFE

La expulsión de la embajadora de Nicaragua en Brasil, en reciprocidad a una medida similar adoptada por Managua, abre un nuevo frente de conflicto en la izquierda de América Latina, ya divida por la crisis electoral venezolana.

El primer paso para la mutua expulsión de embajadores lo dio el Gobierno de Daniel Ortega, que ordenó abandonar el país al embajador brasileño en Nicaragua, Breno Souza da Costa, por su ausencia, el pasado 19 de julio, en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la revolución sandinista.

Brasilia pagó con la misma moneda y este jueves expulsó a la embajadora nicaragüense, Fulvia Castro, en aplicación del «principio de reciprocidad» que rige en las relaciones diplomáticas, frente a una medida que fuentes consultadas por EFE consideraron «injustificada».

Según las mismas fuentes, la ausencia del embajador en los actos del 19 de julio no fue más que una «excusa» para esconder el claro deterioro de la relación entre Ortega y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, muy estrecha en una época que ya pasó.

Lula conoció a Ortega precisamente un 19 de julio, pero de 1980, cuando asistió al festejo del primer aniversario de la revolución sandinista, ocasión en que tuvo su primer contacto personal con el cubano Fidel Castro, fallecido en 2016.

La negativa de Ortega a una mediación pedida por el papa

Las relaciones entre Lula y Ortega fueron fraternales, incluso en el ámbito del Foro de Sao Paulo, pero tomaron otro rumbo sobre todo desde el año pasado, después de que el papa Francisco le pidió al líder brasileño que abogara por un obispo preso en Nicaragua.

«Conversé con el papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso», dijo Lula el mes pasado a un grupo de corresponsales extranjeros, en referencia al religioso Rolando Álvarez.

Lula lo intentó, pero sin éxito. «Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él», reveló.

Pero fue más allá. Lamentó que eso ocurra con «un tipo que hizo una revolución como la que hizo Ortega» y confesó que hoy duda «si esa revolución fue porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo».

Nicaragua y Venezuela, divisores de agua en la izquierda

Las expulsiones de embajadores ocurren en momentos en que Lula, con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y México, Manuel Andrés López Obrador, intentan una negociación para buscar una salida a la grave crisis abierta en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina que ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo, pese a que las autoridades electorales venezolanas aún no han publicado las actas de un proceso que la oposición denuncia como fraudulento.

Otros países en la izquierda regional que han reconocido el resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pese a la falta de datos, han sido Bolivia y Cuba, que felicitaron a Maduro sin siquiera esperar el escrutinio.

Una posición opuesta a la del presidente chileno, Gabriel Boric, un férreo crítico de Maduro desde el progresismo y quien este miércoles, un día después de una visita de Lula a Santiago, dijo no tener dudas de que Maduro «ha intentado cometer un fraude».

Esa afirmación generó una dura respuesta de Venezuela, que acusó a Boric de «golpista» y le endosó un insulto inaceptable para un socialista chileno: «pinochetista».

Lula, próximo a Maduro en el pasado, pero distanciado ahora como lo está de Ortega desde hace meses, intenta mediar junto con Petro y López Obrador, y exige «la publicación de las actas electorales» y una verificación «imparcial» del resultado, que el madurismo no acepta.

Un rechazo al parecer distante de la idea de democracia que tiene Lula, para quien «lo más sano» es que los procesos electorales sean «limpios y transparentes» y se respete «la alternancia en el poder» cuando así lo decide «la soberanía popular».

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