Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó medidas para fortalecer el derecho de las personas consumidoras a reparar sus productos. Con la nueva normativa se aclaran y amplían las obligaciones de los fabricantes de reparar “productos domésticos comunes” incluyendo los teléfonos inteligentes.
Ahora están obligados a ofrecer reparaciones a precios razonables y en plazos adecuados después de que expire la garantía. Además, deben proporcionar a los usuarios acceso a piezas de repuesto y herramientas necesarias. También se prohíben las cláusulas contractuales y las técnicas que obstaculicen la reparación de los productos, incluyendo restricciones sobre el uso de repuestos de segunda mano, entre otras medidas.
Europa adoptó esta normativa debido a la insostenibilidad de sus patrones de producción, consumo y desecho, que generan enormes cantidades de emisiones de CO2, consumen recursos valiosos y producen toneladas de residuos cada año.
Se estima que la eliminación prematura de bienes de consumo en la UE produce 261 millones de toneladas de emisiones de CO2 anualmente y genera grandes pérdidas económicas para los consumidores, que podrían ahorrar hasta 12.000 millones de euros anuales si optaran por reparar en lugar de reemplazar o desechar.
Este problema no es exclusivo de Europa. Por ejemplo, según el Global E-waste Monitor 2024, en 2022 el planeta generó un récord de 62 millones de toneladas sólo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Sin medidas efectivas, se cree que esta cifra podría alcanzar los 82 millones de toneladas para 2030.
Para entender cómo podemos las y los costarricenses defender nuestro derecho a reparar, hablamos con Yeimy Conejo, especialista en Economía Circular y Sostenibilidad de la firma Evo Consultoras.
“El reconocimiento del derecho a reparar en Europa representa un avance significativo a nivel global, alineado con los principios de la Economía Circular que promueve eliminar el desperdicio, mantener los recursos en uso durante el mayor tiempo posible (principio de circulación) y regenerar la naturaleza.
El propósito detrás del derecho a reparar, es hacer más fácil y accesible la reparación de productos, lo que ayuda a ahorrar dinero, reducir la cantidad de residuos y proteger el medio ambiente”, explicó Conejo.
En ese sentido, de acuerdo con la experta, el derecho a reparar se fundamenta en el principio de reparabilidad, que busca también que las personas usuarias y los talleres independientes reparen dispositivos electrónicos, sin depender exclusivamente de los fabricantes originales de equipos. No obstante, una de las trabas que la mayoría de las personas plantea es la falta de información sobre la ubicación de talleres y negocios de reparación. En Europa, por ejemplo, esta nueva Ley establece que las plataformas en línea deben ayudar a los consumidores a encontrar servicios de reparación locales y tiendas con bienes reacondicionados.
Precisamente Yeimy fue una de las consultoras que colaboró con la plataforma ecoins en la construcción y lanzamiento del primer directorio centroamericano con opciones de reparación, el cual incluye más de 200 negocios y talleres locales en su versión de lanzamiento.
De acuerdo con ecoins, el 73% de las personas centroamericanas consultadas preferirían reparar antes de vender, regalar, reciclar o descartar artículos, pero casi un 80% de las personas no saben dónde llevar a reparar sus productos o no tienen un lugar fijo para hacerlo. Por eso, contar con información accesible para ubicar y contactar personas que reparen productos como muebles, ropa, zapatos, y dispositivos eléctricos y electrónicos resulta indispensable.
Ante este escenario, “la forma más realista de ejercer nuestro derecho a la reparación es tomar la decisión de optar por estos servicios, haciendo el ejercicio de ubicar los negocios de reparación, recomendar aquellos que ofrecen una buena experiencia al usuario, y educar a las nuevas generaciones para que también elijan reparar en lugar de reemplazar o desechar, es decir, brindar acceso a la información y la experiencia”.
La especialista enfatizó que, en ausencia de una legislación como la europea, “debemos cambiar la forma en que nos relacionamos con los recursos que nos ofrece el planeta, mitigando nuestra huella ambiental al disminuir el consumo y la generación de residuos, practicando una economía circular que nos favorezca a todas las personas y al hogar que compartimos y que promueva sobre todo, un cambio en los procesos de diseño y producción que implementan las empresas”.